Ángela pertenece a la comunidad Kolla y es abogada especialista en derechos humanos, con formación internacional. Hoy trabaja para difundir y defender los derechos de los pueblos originarios de la Argentina.
Ángela también es Nina Wayta, nombre que adoptó en su juventud. Este nombre le fue asignado en Jujuy por los fundadores del Instituto Quechua Jujuymanta.
Actualmente, es la responsable de Educación intercultural bilingüe, cosmovisión y cultura del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. También es miembro fundadora del Comité de Idiomas Indígenas Carlos Martínez Sarasola del Centro Poetas, Ensayistas y Narradores. Su labor docente se despliega en clases que brinda en el Programa de Lenguas Originarias del Centro de Idiomas (CUI), donde tiene a su cargo la materia llamada “Ciudadanía,pueblos indígenas e interculturalidad”.
Con más de 20 años de militancia en el movimiento indígena, cuenta con una amplia trayectoria de gestión y conocimientos en organizaciones de pueblos originarios. La fue construyendo desde muy joven, trabajando el tema desde organizaciones civiles, y más tarde para algunos sectores del Estado.
Ángela menciona que su crecimiento profesional fue en gran parte posibilitado gracias a su maestro, Eulogio Freites, abogado, investigador y luchador de las causas históricas de los pueblos originarios. Fue quien la inspiró a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires. “Conocí al Doctor Eulogio en una protesta que hermanos salteños hicieron frente al Congreso Nacional. Luego de esto salieron leyes de expropiación. Ver cómo luchaba, fue ejemplo y sentí que quería hacer algo así”.
Su carrera se construyó en dos frentes: por un lado, adquirió los saberes de la Universidad, y por otro, se alimentó de la tradición familiar y social de su pueblo de origen. “Fui a estudiar con el objetivo de conocer más sobre nuestros pueblos, sin embargo ahí no te enseñan sobre derechos indígenas”. Según cuenta,hace relativamente poco la realidad de los derechos de los pueblos indígenas pasaron a ser tema de estudio dentro de la materia Derechos Humanos.
El segundo carril que recorrió en su formación fue la misma experiencia personal. “De adolescente comencé a vivir consciente y profundamente la búsqueda de mi identidad.Cuando era una niña la vivía sin explicitarla con mis familiares o en las ceremonias que realizaba mi abuela: Pachamama (fiesta de la madre Tierra), el Guarachipe (carrera de postas) y la Ceremonia de los Muertos. Durante mi adolescencia mis padres, que eran militantes del movimiento indígena, me hicieron conocer un mundo mucho más grande”.
Para Ángela trabajar en la función pública fue muy importante para su lucha en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. “Antes hacíamos lobby y recomendaciones para el Convenio de Diversidad Biológica posicionándonos desde las reivindicaciones del pueblo, pero al asumir la responsabilidad desde la administración , estamos posicionándonos como la nación argentina”.
De su trayectoria destaca haber acompañado procesos legislativos importantes para las comunidades indígenas, como las leyes de Expropiación de 1998 y de Servicios Audiovisuales. “Allí logramos generar un capítulo de formación de los pueblos originarios como sujeto”, cuenta.
Fue asesora de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales. Hasta el 2015 dirigió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - dirección creada en el Bicentenario - desde donde se promovió la participación y las actividades de los pueblos originarios. “Levantamos las demandas de los pueblos y ofrecimos distintos tipos de propuestas y asesoramiento, ahí tuvimos mucho trabajo intergubernamental, generamos enlaces muy necesarios”.
La joven abogada cree que todavía falta mucho por compensar, reparar y, sobre todo, identificar los daños que se hicieron a los pueblos indígenas. Además, hay mucha resistencia a las propuestas impuestas. “A ellos los quieren echar o los invaden de alguna manera, siempre con el pretexto del progreso”. Al respecto, cree que la aplicación del derecho es fundamental para un diálogo permanente y claro entre las partes. “Me gustaría que se empiece a oír la demanda indígena y podamos mensurar claramente cuál es el camino a recorrer. No queremos caminos indecibles”, concluye.
